Enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias contra la Corona y utilización de la imagen del Rey, injurias y calumnias contra las Instituciones del Estado, ¿Sirve la Libertad de Expresión como paraguas o cheque en blanco para este tipo de delitos?

 

La libertad de expresión esta recogida en el art. 20.1 de la Carta Magna, precepto que también regula en su apartado 4 los límites de la misma tal y como recogemos a continuación:

  1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
  2. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

 

Es asunto de actualidad la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la condena impuesta al rapero Pablo Hasél por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias contra la Corona y utilización de la imagen del Rey, injurias y calumnias contra las Instituciones del Estado.

 

Sin pormenorizar en las penas impuestas y circunstancias que rodean al caso en concreto, nos vamos a centrar en los argumentos esgrimidos por el Alto Tribunal para motivar porque nos encontramos ante un ilícito penal y no ante una limitación y/o anulación de la libertad de expresión del art. 20 CE.

 

El Tribunal Supremo comienza con la premisa de que el ejercicio de la libertad de expresión y opinión cuenta con algunas barreras. O por decirlo con fórmula más afortunada, está condicionado por otros derechos y exigencias constitucionales. Entre ellos desempeñan un papel no desdeñable EL RESPETO A OTRO (humillación víctimas) y la prohibición de conductas de alabanza de actividades terroristas que alimente un clima favorable a su reproducción o se constituya en germen, remoto pero real, de nuevas acciones de esa naturaleza, acciones que cuartean los pilares del Estado de derecho.

 

Se trata de algo tan sencillo como perseguir la exaltación de los métodos terroristas, radicalmente ilegítimos desde cualquier perspectiva constitucional, o de los autores de estos delitos, así como las conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementan el horror de sus familiares. Actos todos ellos que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal.

 

No se trata de sancionar penalmente una discrepancia respecto de la ideología política o social de otros, sino, dada la forma en que se exterioriza y expresa la discrepancia, de penar la incitación, la provocación y el riesgo que genera de que terceras personas, enardecidas por esas expresiones, retomen la violencia concreta contra instituciones y colectivos reales y determinados de la manera en que lo hicieron los terroristas que se pone de ejemplo.

 

En este caso se debe ponderar el hecho de que los expresados tuits no son susceptibles de ser interpretados como producto de la intencionalidad crítica en el terreno político y social. No se trata de exponer una crítica.

 

La libertad de expresión no puede utilizarse como “PARAGUAS” o “CHEQUE EN BLANCO” para ensalzar autores relacionados con el terrorismo fomentando sus actividades y ensalzándolas. No se trata de ataques a gestores públicos o crítica ideológica.

 

No puede entenderse que alentar, jalear, aplaudir estos actos pueden tener amparo en la “libertad de expresión”, salvo que queramos abrir la puerta de este término a actos como los probados en donde se enaltecen actos terroristas.

 

La libertad de expresión no es, en suma, un derecho fundamental absoluto e ilimitado, sino que tiene lógicamente, como todos los demás, sus límites, de manera que cualquier expresión no merece, por el simple hecho de serlo, protección constitucional.

 

EL DISCURSO DEL ODIO NO ES LIBERTAD DE EXPRESION

 

En lo que a las injurias y calumnias a la Corona se refiere, el Tribunal Supremo señala que en modo alguno puede admitirse que formar parte de la monarquía suponga una servidumbre de carga que obliga a aceptar la emisión pública de injurias y calumnias vertidas con publicidad con un amplio público que pueda visualizarlas como queda probado en cuanto a la difusión y publicidad que hace el propio recurrente con sus mensajes.

 

Las expresiones exceden del derecho a la “libertad de expresión” u opinión, y exceden y traspasan la línea divisoria en el marco de expresiones que puedan “herir” o importunar”, en palabras del TEDH a las instituciones, o sus representantes, para entrar en el ámbito del ilícito penal. El hecho probado descrito en las expresiones citadas incluye estas expresiones que no pueden consentirse en una sociedad donde el respeto deba ser la forma de actuar correcta y sus excesos en la medida declarada probada no puede ser admitido bajo ningún amparo. No hay crítica o queja a la monarquía o sus miembros, o incluso a su línea de actuación. Hay frases injuriosas y calumniosas que no pueden tener amparo en la opinión personal del que les expone en red social de amplia difusión.

 

No puede haber libertad de expresión cuando “se supera la barrera del límite de la mera crítica”, y en este caso se supera con creces.

 

En cuanto a la condena por injurias a las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se añade que lo mismo que se ha expuesto antes respecto a la Corona cabe decirlo del tipo penal objeto de condena en el art. 504 CP, ya que suponen los hechos probados ataques a la institución de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en tanto en cuanto tampoco supone una crítica a una institución pública como es la policía ni una crítica vertida en cuanto a cómo funcionan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que supone ataques injuriosos y calumniosos al desempeño de su función como representantes del Estado. Porque los agentes de policía en modo alguno tienen una menor protección que cualquier ciudadano. Y por pertenecer al Estado no pueden ser objeto de hechos delictivos de carácter injurioso calumnioso como coste de los hechos probados.

 

En estos dos últimos casos de ataques al Rey y a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, además de hostigamiento verbal contra el Rey y los Cuerpos Policiales, hay concretos actos de apoyo explícito a la violencia que se use contra ellos

 

Concluye la sentencia recordando que la palabra griega para designar la libertad de expresión es parrhesia, y la translación directa es “hablar con libertad”. En esta tesis, el alegato del recurrente no puede ampararse en lo que incide como “libertad de expresión”, ya que no se trata de la censura de la “opinión” libre sobre el mal funcionamiento de instituciones, colectivos, o personas, sino de ataques a los demás bajo la fórmula de la injuria, calumnia, hostilidad, discriminación, menosprecio, descrédito, o humillación.

 

Llegados a este punto, y, si como la parte recurrente manifestó, es libertad de expresión ¿Los disturbios producidos en la actualidad no son violencia? ¿No es resultado, en parte, de la efectividad de “la libertad de expresión” de Pablo Hásel? Entonces ¿Dónde sitúa la parte recurrente los límites a esta libertad? ¿Dónde termina el derecho de Pablo Rivadulla Duró, y empiezan los derechos de los demás?

 

Fuentes: Noticias jurídicas.

 

SJDC