RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE ALARMA POR ROBO

En primer lugar cabe hacer un inicial análisis de la naturaleza del contrato de seguridad, vigilancia y alarma. El Alto Tribunal, en STS de 21 de febrero de 2011 señala que este tipo de contratos suscritos por las partes tienen naturaleza de contrato de arrendamiento de servicios y no de obra. Teniendo en cuenta tales indicaciones, la jurisprudencia es clara y unánime al manifestar que resulta indiscutido que la reclamación por robo, existiendo un contrato de alarma, se sustenta en un arrendamiento de servicios, consistiendo, por ejemplo, en la vigilancia de unas oficinas o local del art.1.544 del CC a tenor del cual «En el arrendamiento de obras o servicios una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto», pero como el mismo Tribunal Supremo ha dicho reiteradamente, la insuficiencia normativa sobre este contrato obliga en la práctica a acudir a los preceptos de la teoría general de las obligaciones y a los usos profesionales que contemplan en lo necesario el contenido contractual (artículos 1.258 y 1.287 CC) y, por tanto, a las reglas sobre el alcance y fuerza de los contratos (STS de 3 mayo 74 y 17 septiembre 83, entre otras) siendo de plena aplicación lo dispuesto en los artículos 1.101 y 1.104 del Código Civil, definidores de la llamada responsabilidad contractual, al expresar el primero que “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquélla», y el segundo que “la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y el lugar. Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia”. 

En el ámbito administrativo, la regulación de este tipo de contratos la encontramos recogida en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada de 4 de abril que sirve para definir y delimitar las actividades que son de seguridad privada, las personas y entidades autorizadas a desarrollar la actividad, el régimen de las empresas, personal y autorizaciones para su desarrollo, registro, supervisión y control del ejercicio.

Respecto a la concreta responsabilidad de la empresa de alarmas, habiendo ya quedado determinado que nos encontramos ante un contrato de prestación de servicios, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Undécima, en Sentencia 4901/2019 de 29 de marzo señala que no puede oponerse que por tratarse de un arrendamiento de servicios la empresa de seguridad no responde del «resultado de evitar robos», porque de ser así, la arrendadora, prestase el servicio como lo prestase, quedaría siempre exenta de toda responsabilidad cuando es claro que la obligación fundamental derivada de un contrato de prestación de servicios de vigilancia es la prestación de una efectiva vigilancia, de forma que, el incumplimiento dentro de la órbita contractual de una de las partes por dolo, culpa, negligencia, falta de diligencia o «cualquier otra contravención» al tenor de dicha obligación, genera para la parte que incumple la correspondiente responsabilidad contractual (art. 1101, 1103 y 1104 C.C).

El mismo Tribunal se pronuncia sobre el incumplimiento contractual por parte de este tipo de empresas al señalar que, en base al caso concreto recogido en sentencia, si la alarma que estaba armada, o sea activada, capta o registra la entrada de intrusos y no transmite señal, es tanto como decir que el sistema no funcionó correctamente, pues parece lógico que el mecanismo instalado debía permitir que algún tipo de advertencia llegara a la centralita de la empresa de alarma cuando por un fuerte golpe lo deja fuera de conexión, lo que sin duda hubiera puesto sobre aviso a la compañía de seguridad, y con ello poder así quizá evitar o minimizar los daños causados por los ladrones, que permanecieron en el local un tiempo prolongado. La falta de conexión debió alertar a los empleados de la empresa de seguridad, y sin embargo nada se hizo hasta que reciben la llamada de la policía, una vez producido el robo, los destrozos y el incendio. A juicio de esta sección, todo ello puede calificarse de una disfunción imputable a la empresa de seguridad a quien correspondía la instalación, mantenimiento y explotación de las centralitas de alarma, por lo que su mal funcionamiento debe presumirse debido a un incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Para terminar, esta Sección hace una valoración de la prueba testifical de uno de los empleados de la empresa opinando éste que los ladrones eran profesionales que debieron usar inhibidores, tapando con cajas las cámaras y arrancando la central sin que pese a ello la alarma sonara, opinión valorable pero, a juicio del Tribunal, no suficiente para entender que la empresa de alarmas habría cumplido diligentemente con sus obligaciones de acuerdo a la jurisprudencia antes extractada. 

De la facultad moderadora judicial en caso de daños causados negligentemente, existe consenso sobre que tal facultad no se proyecta sobre la determinación de responsabilidad sino sobre la extension de la misma. No pocas veces la parte demandada alega este precepto, unas veces en base a la existencia de hechos impeditivos o extintivos de los hechos culposos que se le imputa, y otras veces simplemente basándose en otros argumentos, como el daño moral, la perdida de oportunidades, e incluso defienden que aunque la alarma hubiera funcionado correctamente el robo se hubiera producido de todos modos pues el sistema de alarma no es un elemento impeditivo de los robos y de sus consecuencias dañosas sino que su finalidad es disuasoria y preventiva, pero, volviendo a lo resuelto por reciente jurisprudencia, es claro que la obligación fundamental derivada de un contrato de prestación de servicios de vigilancia es la prestación de una efectiva vigilancia de forma que el incumplimiento dentro de la órbita contractual de una de las partes por dolo, culpa, negligencia, falta de diligencia o «cualquier otra contravención» genera para la parte que incumple la correspondiente responsabilidad contractual.

Por último es preciso hacer una breve reflexión sobre la carga de la prueba en estos casos. Es cierto que corresponde al actor probar con certeza los hechos constitutivos en que fundamenta su pretensión y por ende la del concreto acto culposo que haya sido el causante del incumplimiento contractual, de la ausencia de funcionamiento del sistema de seguridad de alarma, sus conexiones o sus avisos a la CRA. En este punto, el actor cuenta con graves limitaciones en muchas ocasiones debido a su ausencia de conocimientos técnicos, al estado estado en que ha quedado la central de alarma tras su sabotaje, cuando, por ejemplo, ha sido arrancada de cuajo y aplastada, y se le exija que con exactitud indique cual fue el fallo concreto. Por ello, es cada vez mas frecuente que las Audiencias trasladen la carga de la prueba de que todo funcionó correctamente a la parte demandada, como poseedora de los conocimientos técnicos e industriales del producto y del aparato objeto de la controversia, y por tener a su alcance herramientas y tecnología que le permite mayor capacidad probatoria, siempre y cuando haya certidumbre sobre el hecho de que la alarma no saltó, no funcionó o no emitió el aviso de salto o intrusión a la CRA (art. 217.7 LEC) véase SAP Madrid, S. 12ª de 25 de septiembre de 2014.

Imagen: Taltix.

 

SJDC